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Condenando El Bosque

Bogotá, Colombia. Un nuevo informe de investigación de Environmental Investigation Agency (EIA), Condenando el Bosque, revela el modus operandi utilizado por traficantes para comercializar madera con permisos comprados en el mercado negro, incluyendo especies protegidas como el cedro; y detalla cómo intermediarios aprovechan vacíos legales para lavar madera y escapar cualquier responsabilidad legal, dejando que los titulares de los permisos de aprovechamiento paguen las consecuencias.

Los hallazgos de la investigación son el resultado de más de 100 entrevistas en 18 lugares, 40 derechos de petición y el análisis de una base de datos con más de 16,000 permisos de transporte de madera (salvoconductos) otorgados entre 2012 y 2017 en los departamentos del Caquetá, Putumayo y Amazonas.

EIA encontró que uno de los principales corredores de madera en la Amazonía es el río Putumayo, desde Tarapacá hasta Puerto Asís, en donde los traficantes van comprando madera tanto del lado peruano como del colombiano y utilizando salvoconductos de Corpoamazonia para transportarla al interior de Colombia. Para escapar revisiones y puestos de control, en muchos casos, los traficantes lo único que tienen que hacer es cruzarse al otro margen del río donde no tienen jurisdicción las autoridades colombianas.

“Es momento de que Colombia tome el liderazgo y trabaje junto con los países de la cuenca Amazónica para establecer un marco legal de política pública que garantice el respeto mutuo de sus leyes forestales y que permita coordinar esfuerzos para llenar los vacíos legales que traficantes internacionales están aprovechando”, señala Julio Patiño, coordinador para América Latina de EIA.

La investigación encontró que miles de metros cúbicos de madera peruana de contrabando se han importado a través del puerto de Leticia, en el departamento del Amazonas; y que la falta de control de las autoridades en ambos países está ocasionando que productores legales colombianos no puedan competir con los precios de dicha madera. Al menos dos proyectos de infraestructura en el departamento del Amazonas están en alto riesgo de utilizar esta madera ilegal peruana: el nuevo aeropuerto internacional de Leticia y un complejo de viviendas para más de 200 familias en Puerto Nariño.

A nivel nacional, fuentes oficiales estiman que cerca del 50% de la madera comercializada en el país es ilegal. Un factor que alienta la ilegalidad es la corrupción. Para algunos las especies prohibidas se pueden “legalizar” y traficar fácilmente al declararlas como otras especies en los salvoconductos. Muchos perciben las coimas a la Policía como “el costo de hacer negocios”.

Otro de los resultados del análisis de salvoconductos es que EIA identificó 605 cargamentos fantasma por un total de 5.608 m3 de madera que nunca llegaron al destino declarado a más de 1.600 km de distancia en la frontera con Venezuela. Los salvoconductos aparentemente están siendo utilizados para esconder el verdadero destino de la madera.

Andrea Johnson, Asesora Senior de EIA, refiere que “la falta de control y la impunidad traen fuertes consecuencias para los productores legales de madera, los pueblos indígenas y la irremplazable Amazonía. Hay acciones concretas detalladas en el informe que el estado colombiano puede empezar a implementar hoy mismo para mejorar la gobernanza forestal.”

En un contexto en el que por un lado están entrando nuevos actores ilegales al territorio y por el otro, se está expandiendo la frontera agrícola, es crucial que el abordaje del gobierno contemple las problemáticas subyacentes que se presentan en la Amazonía. Lo que está en juego es la subsistencia de uno de los bosques tropicales más biodiversos del planeta y las personas que dependen de él.

Acceda a la página web del informe y los videos aquí.
Descargue el resumen ejecutivo del informe aquí.
Descargue el informe completo aquí.

Contacto: Julio Patiño, Coordinador para América Latina de EIA (jpatino@eia-global.org")

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